El gobierno peruano anunció recientemente la destitución del coronel de la Policía Nacional Harvey Colchado, jefe de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac). Esta unidad de élite que investigaba casos de corrupción que involucraban a funcionarios de alto rango fue disuelta después de casi dos años de funcionamiento. Junto a él también fue absuelto Walter Lozano, uno de sus más estrechos colaboradores. La medida ha generado polémica y cuestionamientos de diversos sectores, que la ven como una represalia por investigaciones sensibles que interfieren con el poder político.
Colchado, que ha sido reconocido por su implicación en importantes operaciones a lo largo de su carrera, se ha enfrentado a dificultades cada vez mayores tras liderar el allanamiento a la residencia de la presidenta Dina Boluarte el pasado mes de marzo. Esta operación, que formaba parte de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y falta de declaración de bienes, incluyó la búsqueda de relojes de lujo no registrados en el patrimonio del presidente. Aunque Boluarte no se encontraba en su domicilio durante el allanamiento, el procedimiento ha sido objeto de controversia por su ejecución y sus implicaciones políticas.
La investigación se centró no sólo en el presidente sino también en su hermano, Nicanor Boluarte, quien está acusado de organizar redes de influencia para contratar funcionarios con fines políticos. Según la fiscalía, algunos de estos funcionarios tenían la tarea adicional de recoger firmas para la formación de un nuevo partido político. Estas acciones se enmarcan en un contexto más amplio de tráfico de influencias y denuncias contra el crimen organizado.
El directivo justificó el despido de Colchado con la renovación institucional de la Policía Nacional, señalando que no pudo conseguir un puesto correspondiente a su perfil y cargo. Pero los críticos creen que la decisión refleja una represalia por su participación en casos que expusieron presuntas irregularidades en altos niveles de poder.
En una declaración pública, Colchado expresó que él y su equipo estaban conscientes de las posibles consecuencias de sus acciones, pero destacó que estaban comprometidos con los principios de justicia y se negaron a ceder a las presiones políticas. “Sabíamos que esta pelea traería venganza. «Que quede claro que hay policías que no traicionan ni se arrodillan ante intereses prohibidos», afirmó.
Su carrera en la Policía Nacional está marcada por hitos emblemáticos, como la Operación Chavín de Huántar de 1997, durante la cual rescató a rehenes del grupo subversivo MRTA, y la captura de Florindo Flores, alias Artemio, líder de los remanentes de la ley marcial. Camino brillante. Además, Colchado sirvió en direcciones de contraterrorismo y antinarcóticos luego de graduarse como oficial en 1997.
El caso de Colchado también atrajo la atención internacional luego de que solicitara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para proteger a policías acosados por el Ejecutivo. En su solicitud, citó amenazas de despido derivadas de su participación en investigaciones sobre funcionarios de alto rango, incluido el allanamiento de la residencia presidencial.
La destitución de este destacado funcionario se produce en medio de tensiones entre las instituciones, lo que plantea dudas sobre la independencia de las investigaciones y el compromiso del gobierno peruano en la lucha contra la corrupción. La situación ha provocado un debate nacional sobre el equilibrio de las decisiones ejecutivas y la integridad de las instituciones responsables de combatir los delitos graves.
