El primer ministro peruano, Gustavo Adrianzén, negó este miércoles que el gobierno esté considerando retirarse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José. Estas declaraciones se produjeron luego de que la presidenta Dina Boluarte propusiera recientemente analizar la ampliación de penas severas para ciertos delitos, incluyendo la introducción de sanciones extremas para delitos graves como la violencia contra menores.
En declaraciones a una radio local, Adrianzén explicó que este tratado internacional, del que el Perú es parte desde finales de los años setenta, no fue tema de discusión al interior del gobierno. Al mismo tiempo, enfatizó que el debate sobre cambios legislativos debe adaptarse a las obligaciones internacionales y al marco legal del país.
Las declaraciones de Boluarte, que hizo en un acto público tras un caso que conmocionó al país, generaron polémica en diversos sectores. En su discurso, el presidente expresó su solidaridad con la familia de la menor víctima de la violencia y sugirió considerar sanciones más estrictas para los responsables de los crímenes.
Sin embargo, los expertos señalan que la implementación de estas medidas enfrentaría muchos obstáculos legales. Según el abogado constitucionalista Heber Campos, la actual Constitución peruana sólo prevé sanciones extremas para casos de traición a la patria cometidos en tiempos de guerra y terrorismo, sin antecedentes de aplicación. Por lo tanto, ampliar estas sanciones a otros delitos requeriría una reforma constitucional que implicaría al menos un proceso legislativo de nueve meses.
Este debate también enfrenta otro gran desafío: la permanencia del Perú en el Pacto de San José. Este tratado prohíbe la ampliación de la pena de muerte y establece un marco para la justicia regional a través de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Salir del acuerdo tendría graves consecuencias, ya que limitaría la capacidad del país de recurrir a organismos internacionales por violaciones de derechos humanos.
Diversos expertos han expresado su preocupación por la propuesta de Boluarte. Según el abogado Pedro Grández, este tipo de enfoques no sólo carecen de fundamentos sólidos, sino que pueden representar un retroceso en los estándares de derechos humanos del país. Algunos críticos incluso interpretan la iniciativa como un intento de desviar la atención de las investigaciones que involucran al presidente y su círculo cercano.
Adrianzén, por su parte, destacó que las declaraciones de Boluarte deben entenderse más como una llamada al diálogo que como un plan de acción inmediato. «Esto no quiere decir que mañana presentemos un proyecto de ley o anunciemos que nos retiramos del Pacto de San José», aseguró.
Mientras continúa el debate, las opiniones se dividen entre quienes consideran necesario discutir reformas legales y quienes advierten sobre las posibles consecuencias sociales, políticas e internacionales de decisiones apresuradas. Este número pone de relieve la compleja interacción entre la legislación nacional y los compromisos internacionales asumidos por el país.